La paz con rostro de mujer

"Miles de mujeres han sido objeto de abusos y torturadas sexualmente como arma de guerra".

 

En Colombia, la violencia contra las mujeres se ha salido de toda consideración y está teniendo efectos catastróficos en las familias, y está produciendo miles de embarazos no deseados, pero, sobre todo, asegurando la continuación de los ciclos de pobreza, miseria y violencia. Todo lo que el Gobierno está haciendo en materia social no tiene ninguna sostenibilidad mientras no se erradiquen las amenazas estructurales que afectan directamente a las mujeres.

Una fracción de esa violencia tiene origen en el conflicto armado. Miles de mujeres han sido objeto de abusos y torturadas sexualmente como arma de guerra. El fin es humillarlas, obligarlas a abandonar su tierra, destrozar sus comunidades, desintegrar su identidad y su estima.

Citando directamente el informe 'El Estado y la violencia sexual contra las mujeres en el marco de la violencia sociopolítica en Colombia', presentado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos a la representante especial del Secretario General para Violencia Sexual en Contextos de Conflictos Armados, señora Margot Wallström, "[P]ara el período 2001-2009, con base en 407 municipios con presencia de Fuerza Pública, insurgencia, paramilitares u otros actores armados en Colombia, se estimó en 17,58 por ciento, lo cual significa que durante estos nueve años 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual. En promedio, 54.410 mujeres fueron víctimas directas anualmente, 149 diariamente y 6 mujeres cada hora".

Pero también está la violencia en el hogar y en las comunidades, con un registro de cifras alarmantes, que se han duplicado en tan solo una década. El año pasado, solamente en Medellín, 119 mujeres fueron asesinadas por sus parejas (270, en Antioquia). Pero la impunidad es total, no hay asistencia ni refugios para las víctimas, ni una política pública que, con sentido de urgencia, aborde este problema. Las pocas que denuncian tienen disponible un defensor de oficio, que tendrá a su cargo otros 400 casos. Mientras tanto, se ven obligadas a sobrevivir sin dinero y en el temor, con el atacante libre y al acecho.

No. No hay resultados. La Fiscalía aún está estudiando cómo proceder en el caso de la violencia sexual en el marco del conflicto, pero, con la negociación, terminaremos en el absurdo de dejar todo esto en la impunidad "por el bien de la paz", y obligando a las mujeres a renunciar a su derecho a la justicia, viendo cómo sus atacantes reciben casa y subsidio.

Nuestro pacto social, nuestra Constitución, entiende que la ley nos ampara y nos protege a todos, sin distinciones, pero tampoco es neutral: está del lado de los que sufren y obliga a proceder solidariamente. Lo contrario sería ir en contra del núcleo del interés público, especialmente cuando la obligación es doble en casos en que el Estado ha fallado en proveer circunstancias dignas o seguras de vida.

Sabotear esa protección o, incluso, como pareciera ser el caso, restringir y ponerle talanqueras a la urgente política pública de salud sexual y reproductiva que proporcione atención oportuna y que prevenga embarazos no deseados pone en riesgo la vida de las mujeres.

Pero lo que uno ve es que este gobierno, de talante liberal, y el Congreso, todos con una agenda electoral en la cabeza, parecen bloqueados por un debate moralista sobre las mujeres, el sexo y el pecado, que pareciera impedir toda voluntad política para poner en marcha una estrategia masiva y, sobre todo, efectiva de atención, que acabe con esta tragedia silenciosa.

Se ha demonizado a las mujeres y a los defensores de derechos sexuales y reproductivos haciendo creer que buscan convertir el "libertinaje sexual" en derecho, cuando lo que hay en el fondo es una cuestión más fundamental: no se acabará la pobreza, ni se superará la violencia sin el concurso de las mujeres, sin garantizar su protección, sin vincularlas primero.

Natalia Springer
@nataliaspringer

 

Tomado de: http://www.eltiempo.com/