El sistema penal colombiano es bipolar. Tenemos una de las tasas de homicidios más altas del mundo y también una de las más altas de impunidad: es dudoso que vaya a la cárcel uno de cada 20 homicidas. A veces, la justicia aplica penas durísimas, pero sabemos que en pocos años muchos condenados a cadenas casi perpetuas estarán libres.
Otra incongruencia entre realidad y normas es la del aborto. Según la ley colombiana, una de las más duras del mundo, millones de mujeres deberían haber ido a la cárcel. Un cálculo aproximado, pues de esto se sabe poco, es que al menos el 20 por ciento de los 11 millones de mujeres entre 15 y 49 años ha abortado. Cada año se hacen entre 100.000 y 400.000 abortos ilegales (escoja su cifra), que dan cárcel. La ley, que es un galimatías, escrita a sabiendas de que no se aplicaría nunca, dice que si el embarazo fue a la fuerza, por ejemplo, y el aborto se practicó "en extraordinarias condiciones anormales de motivación" (¿y alguien sabe qué quiere decir esta inepta frase?), el juez "podrá
prescindir de la pena, cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto". Pero no importa: nunca un juez está en esta situación, porque en la realidad el aborto está tolerado y aceptado, y cada vez será más fácil. Toda mujer educada y con recursos encuentra la manera de hacerlo sin problemas: son las mujeres pobres y sin acceso a médicos de confianza, las campesinas y las adolescentes las que tienen que abortar a escondidas, las que llenan los hospitales con las complicaciones que resultan, y a veces terminan en el cementerio. Pero ¿qué importa la muerte de unas cuantas mujeres, castigadas por sus pecados?
En el 2006, la Corte Constitucional despenalizó unos casos. Al lado de los centenares de miles de abortos ilegales, se hacen unos 300 o 400 abortos autorizados al año, porque la mujer fue violada, o su salud y su vida tienen un riesgo grave, o el feto no es viable. Los defensores de la vida, en vez de ver cómo reducir los abortos ilegales, se han lanzado a una grandilocuente cruzada para prohibir esos abortos legales, que son poquísimos, pero son los que les importan.
La manera demostrada de disminuir los abortos es quitar la amenaza de cárcel y promover al tiempo formas eficaces de control de natalidad. Pero los que creen que el aborto es siempre un crimen, aun en casos extremos como los que aceptó la Corte, piensan también que dar condones a los adolescentes viola la ley divina. Por ello, si no hay mucho que hacer con los abortos ilegales, mejor armar un teatro moral para presentar como asesinas a las mujeres que, con angustia y dolor, se someten al difícil procedimiento para lograr un aborto legal.
Como en el caso del consumo personal de droga, la estrategia del fanatismo no es buscar cómo reducir el consumo, o disminuir seriamente el número de abortos, pues ninguna de sus propuestas parte de un análisis realista y viable, sino aparentar y poder presentarse como los defensores de la moral y la decencia en una sociedad en descomposición. Descompuesta, no porque mucha gente mate, viole o robe recursos públicos, sino porque los adolescentes hacen el amor, porque los matrimonios se rompen, porque hay parejas sexuales del mismo género, o porque una adolescente violada, con apoyo de sus padres, quiere abortar.
Este fanatismo ético, sostenido por quienes se dicen dueños de una verdad absoluta, contradice la lógica de una sociedad pluralista y democrática. En esta, las leyes penales se escriben para aplicarlas y no para dejarlas como declaraciones retóricas que todos saben que no hay que cumplir, y el Estado defiende la seguridad y la vida de las personas, pero en los casos en los que no hay un consenso social de fondo deja que las personas tomen libremente sus decisiones y respeta su derecho a obrar según su propia conciencia.
Tomado de: http://www.eltiempo.com/opinion/
