Por: Elespectador.com
Mónica Roa, la abogada que lidera la defensa del derecho al aborto terapéutico, denuncia ataques verbales y físicos en su contra y de su ONG.
La sede de la organización Women's Link, dirigida por Mónica Roa, fue atacada esta semana. / Daniel Gómez - El Espectador
Revela que el alto grado de confrontación al que ha llegado la Procuraduría en este tema ha hecho grave mella. Y advierte que funcionarios de Bienestar Familiar retienen en sus centros a jóvenes que solicitan la interrupción del embarazo.
Cecilia Orozco Tascón.- Usted denunció que la sede de su organización Women’s Link fue atacada hace unos días. ¿Qué sucedió exactamente?
Mónica Roa.- Hubo un corte de energía a las 5 de la tarde, pero pensamos que había sido en toda la zona y seguimos trabajando. Estaba en una reunión en mi oficina, que tiene ventanas hacia la calle. Cerca de las 6 y media, cuando ya casi no teníamos luz, sentimos un ruido primero y después la caída de pedacitos de vidrio sobre mi cabeza. En principio creímos que la ventana estaba intacta porque la oscuridad no nos permitía ver, pero después encontramos un agujero de forma cónica, hecho por el impacto con algún objeto.
C.O.T.- ¿Qué le hizo pensar que se trataba de una agresión y no de un incidente casual?
M.R.- Que todo fue muy extraño. Cuando fui a avisarle a mi escolta, que se encontraba en el vehículo en frente de la casa, escuché un golpe, esta vez contra el piso. Él ya había oído otros impactos “extraños”. Dice que fueron seis y que creyó que estaban atacando el vehículo. Luego nos dimos cuenta de que éramos los únicos de la cuadra que estábamos sin luz. Mi escolta fue al CAI más cercano y trajo a unos agentes. Según ellos, el impacto contra el vidrio roto fue causado por una pistola neumática de balines.
C.O.T.- ¿Es cierto que ha sufrido otros ataques?
M.R.- Desde cuando empezamos a trabajar en defensa del derecho al aborto, incluso cuando sólo dos personas nos dedicábamos al proyecto, recibimos amenazas y hostigamientos. Nos llamaban personas sin identificar. Nos decían que había temas “sagrados” que no podíamos tocar, o insistían, de manera violenta, en que la Virgen me mandaba un mensaje a una dirección específica donde debía ir a recibirlo. Otras veces nos han enviado correos o mensajes al fax con citas bíblicas, según las cuales “quien derrama sangre de inocentes verá derramada su sangre”. U otras, con fotos de bebés entre nubes y la frase “nos encargaremos de mandarla al cielo”.
C.O.T.- Usted también ha dicho que asaltantes han entrado a su sede.
M.R.- Sí. Pocos meses después de presentar la demanda ante la Corte Constitucional, hace siete años, entraron una noche al apartamento donde vivía y trabajaba. Revolcaron todo y, a pesar de que había dinero en efectivo, sólo se llevaron dos computadores. El año pasado nos robaron otro y el 25 de abril, que acaba de pasar, sacaron un nuevo computador. Qué raro que nunca se hayan interesado en nada más. El año pasado también nos arrojaron excrementos humanos varias veces a la puerta de la oficina. Sin embargo, hechos como los de la semana pasada llevan la agresión a otro nivel.
C.O.T.- Uno pensaría que aunque es un tema difícil, el objetivo al que ustedes se dedican no provoca ataques físicos o atentados. ¿Por qué cree que está sucediendo?
M.R.- El tema es polémico y genera reacciones viscerales, pues cuestiona el rol que la sexualidad y la reproducción han tenido como justificación de las estructuras de poder en la sociedad. En otros países son comunes los ataques fanáticos a proveedores de servicios, activistas y políticos que trabajan por el aborto digno y seguro. En Colombia algunos proveedores (médicos, clínicas, etc.) han empezado a experimentar acoso directo y las mujeres que solicitan sus servicios, también.
C.O.T.- Deme un ejemplo.
M.R.- Frente a las clínicas que ofrecen servicios de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) se reúnen grupos a rezar rosario y les dan panfletos con fotos de fetos destrozados a las mujeres solicitantes. Sin embargo, no nos hemos podido explicar por qué se recurre a acciones tan violentas, puesto que no estamos obligando a nadie a creer o a hacer lo que no quiera.
C.O.T.- Un grupo de activistas, contrarios al derecho al aborto, se inventaron un premio Herodes (el rey de Judea que habría ordenado una matanza de niños) y se lo “otorgaron” a usted. ¿Cómo interpreta ese gesto y quiénes son?
M.R.- Me contaron por Facebook que el 10 de mayo, en la Plaza de Bolívar, la Plataforma Unidos por la Vida, encabezada por el señor Jesús Magaña a quien no conozco, me “otorgó” el premio Herodes. Los integrantes de ese grupo no han entendido que quienes defendemos el derecho al aborto, defendemos con igual vehemencia los derechos de los niños y niñas ya nacidos. De hecho, la mayor causa de mortalidad de niñas que apenas empiezan la pubertad es el embarazo temprano. El acto de la Plaza de Bolívar, que parece anecdótico, pasa a ser provocador e incendiario cuando se enmarca en el clima de agresión y hostigamiento que estamos sufriendo.
C.O.T.- Precisamente la Procuraduría y el titular de esa entidad han tenido un papel muy activo en contra de la aplicación de la sentencia de la Corte. ¿Qué opina al respecto?
M.R.- La Procuraduría tiene las funciones de asegurar el cumplimiento de la Constitución y de las decisiones judiciales, de garantizar los derechos humanos y de ejercer el control disciplinario de los funcionarios. El procurador no ha cumplido ninguna de tales funciones con relación a esta sentencia. Por eso presentamos una queja disciplinaria en su contra. Además, hemos documentado una serie de actuaciones en las que él y dos de sus delegadas (Hoyos y Carreño) han dado información falsa, tergiversada o incompleta sobre los derechos sexuales y reproductivos. Este fue el motivo para que 1.200 mujeres y yo interpusiéramos una tutela en su contra por violación del derecho a la información.
C.O.T.- ¿Es verdad que usted fue denunciada penalmente por la procuradora delegada Ilva Miriam Hoyos, quien sigue estrictamente la línea religiosa de su jefe Alejandro Ordóñez?
M.R.- Sí. El 1° de marzo pasado me enteré a través de los medios que la procuradora delegada Hoyos me había denunciado por injuria y calumnia, y que había contratado al abogado Jaime Lombana para llevar el caso. Confirmamos que la denuncia existe y que está en una fiscalía local, pero no hemos podido conseguir que nos permitan conocer la denuncia.
C.O.T.- En la lista de candidatos a reemplazar al exmagistrado Juan Carlos Henao de la Corte Constitucional se encuentra precisamente su denunciante, Ilva Miriam Hoyos. ¿Sabía que ella puede formar parte de la Corte?
M.R.- Sí. La lista de quienes se inscribieron como aspirantes a reemplazar al magistrado Henao fue publicada y su nombre aparece allí.
C.O.T.- He oído que la doctora Hoyos está visitando a magistrados del Consejo de Estado para rogar que la postulen a la Corte Constitucional. ¿Usted también?
M.R.- Efectivamente me han contado que eso ha ocurrido, pero, por supuesto, no me consta.
C.O.T.- Suponga que la doctora Hoyos llega a la Corte, ¿cree que ella podría impulsar la sustitución de la sentencia sobre aborto terapéutico por otra en que se prohíba?
M.R.- Si la procuradora Hoyos llegara a la Corte tendría que declararse impedida de participar en cualquier asunto relacionado con este tema por conflicto de intereses: cuando era decana de la Universidad de la Sabana y presidenta de la Red Futuro Colombia se opuso insistentemente a la sentencia en una multiplicidad de escritos que luego publicó. También dio declaraciones según las cuales se comprometía a trabajar para revertir la sentencia.
C.O.T.- Y, ¿si no lo hiciera?
M.R.- La recusaremos.
C.O.T.- El propio Instituto de Bienestar Familiar parece estar confundido con la correcta aplicación de la sentencia. ¿Cómo es el comportamiento de los funcionarios del Instituto en estos casos?
M.R.- El Instituto de Bienestar Familiar no aplica de manera uniforme las directrices para garantizar la IVE de las niñas y adolescentes. Nos preocupa más que se han identificado casos de obstrucción de acceso a la IVE mediante la retención de las niñas y adolescentes en sus centros de protección.
C.O.T.- ¿Retención ilegal de la solicitante en centros de Bienestar Familiar?
M.R.- El Instituto tiene la facultad legal de tomar medidas de protección a favor de niñas que considere que están en riesgo. Pero cuando algunos funcionarios no están de acuerdo con el aborto, utilizan esa medida como una forma de impedir el acceso a la IVE de las solicitantes.
C.O.T.- Aun cuando el Instituto tenga esa facultad, la retención podría llegar a ser ilegal si se detiene contra su voluntad a una adolescente, sin mediar un hecho objetivo para hacerlo.
M.R.- El ICBF tiene unos lineamientos muy claros sobre cómo acompañar y facilitar el acceso a la IVE de niñas y adolescentes. Desafortunadamente, cuando un funcionario incumple sus obligaciones de garantizar la IVE, no tiene quién lo vigile ni sancione porque la Procuraduría, es decir, la entidad que tiene el control disciplinario de los empleados públicos, no inicia ninguna investigación.
C.O.T.- A seis años de expedición de la sentencia que garantizó el aborto terapéutico no parece haberse avanzado mucho. ¿Cuáles son los aspectos positivos que usted le ve a este período?
M.R.- Hay que destacar que la sentencia (C-355 de 2006) que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, continúa vigente y que es de obligatorio cumplimiento a pesar de los ataques en su contra; que la Corte Constitucional ha sido clave en la defensa de este derecho; que ha habido un cambio cultural que ha posicionado el tema como un asunto de discusión pública, y que estos cambios han permitido que la atención en la IVE vaya aumentando.
C.O.T.- Sin embargo, los ataques a la sentencia han hecho mucho daño a su aplicación. ¿Cuál es el lado más negativo de esta situación?
M.R.- A pesar del trabajo de sensibilización sobre el tema, la estigmatización continúa siendo muy fuerte. En particular, la Procuraduría y los grupos antiderecho a la IVE han logrado amedrentar a funcionarios y prestadores del servicio. Y la falta de liderazgo del Estado ha impedido la coordinación interinstitucional de los sectores de salud, justicia y educación para garantizar los derechos reproductivos y el acceso oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo.
C.O.T.- Hay muchos casos de médicos y hospitales que se oponen a realizar un aborto con la tesis de la objeción de conciencia. Este argumento, ¿cuánto afecta el cumplimiento de la sentencia?
M.R.- La objeción de conciencia institucional es usada para entorpecer el acceso de las mujeres a la IVE, especialmente en entidades que pertenecen a alguna confesión o religión. A pesar de que en la sentencia se reconoce el derecho a la objeción de conciencia individual de profesionales de la salud, la mayoría no sabe cómo ejercerlo, no lo ejerce debidamente o no cumple con la obligación de referir la mujer solicitante a otro profesional que no tenga ese impedimento.
Resistencia al cambio
La aplicación de la Sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2006, en la que el máximo tribunal reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo cuando la salud física o psicológica de ellas corre peligro o la vida del feto es inviable, ha encontrado muchos obstáculos en estos seis años.
La oposición de grupos religiosos radicales y la intimidación que la actitud de rechazo del procurador Alejandro Ordóñez genera en clínicas, médicos e incluso jueces, ha impedido su pleno desarrollo. En contraste, los castigos por su incumplimiento son pocos: un médico que adujo objeción de conciencia, pero no remitió la mujer a otro profesional, fue sancionado por el Tribunal de Ética Médica de Caldas. El hospital San Ignacio de Bogotá tuvo que pagar 25 salarios mínimos y la EPS Coomeva fue multada con 750 salarios por no haberle prestado el servicio a una menor violada.
Adicionalmente, la mentalidad tradicional en esta materia ha primado tanto que los médicos siguen usando el procedimiento del legrado (eliminación mediante raspado de tejido del útero) —declarado como obsoleto por la OMS—, en vez del moderno y menos invasivo de aspiración manual endouterina (AMEU): varias secretarías de Salud del país le devolvieron al Ministerio del ramo los equipos de AMEU que les habían enviado porque “no los necesitaban”.
Democratizando el debate
Cecilia Orozco.- Women’s Link es pionera en Colombia en activismo de los derechos reproductivos de la mujer. ¿Cómo nació esta ONG?
Mónica Roa.- En el mundo, muchos grupos de mujeres se especializan en trabajar con quienes hacen política pública y con legisladores, o trabajan con las comunidades. Muy pocas veces estos grupos piensan en las cortes como un foro en donde se pueden conseguir avances en la protección de los derechos. Women’s Link nació con la intención de llenar ese vacío y de llevar la lucha por la equidad de género a la justicia.
C.O.- ¿Cómo llegó Mónica Roa a desempeñar este papel?
M.R.- Mi interés original empezó con la pregunta por el rol de los jueces en la promoción de los derechos de las mujeres. Después de mi maestría viajé por diferentes países entrevistando a jueces, activistas y académicos. La conclusión era que las cortes ofrecían un gran potencial para avanzar si se trabajaba de manera rigurosa. En el caso del aborto, incluir los argumentos de derecho internacional, salud pública y justicia social en un contexto de Estado laico permitió que la Corte tomara una decisión a nuestro favor. El proceso sirvió también para cambiar el debate público, democratizando los argumentos y actores que intervenían.
Tomado de El Espectador el 13 de mayo de 2012.
No hay comentarios:
Publicar un comentario