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domingo, noviembre 25, 2012

¿Es Medellín un “hogar para la vida” de ellas?

MESA DE SEGUIMIENTO CLÍNICA DE LAS MUJERES

25 de noviembre, “Día internacional de la eliminación de la
Violencia Contra las Mujeres (VCM)

¿Es Medellín un “hogar para la vida” de ellas?

El derecho de las mujeres a una vida libre de violencias “es el sueño de uno-as y la pesadilla de otros-as”, por ello, las organizaciones de mujeres de la ciudad denunciamos internacionalmente las VCM perpetradas por particulares,
así como, la violencia institucional del Estado.

En Medellín la población femenina asciende al 53% del total de la población, y es particularmente la más afectada por la discriminación y por múltiples formas de violencia. Entre octubre de 2011 y octubre del 2012, la violencia intrafamiliar dejó 7.706 mujeres víctimas, de un total de 9284 personas afectadas. En este mismo periodo 1.288 mujeres denunciaron alguna violencia sexual[1]. En lo relativo a los feminicidios, al mes de noviembre del 2011 se habían registrado 110 asesinatos de mujeres, de los cuales 52 (47%) se clasificaron como feminicidios, mientras que para el mismo mes en el 2012, se han presentado 76 casos y 23 (30%) de ellos se han considerado feminicidios. (SISC, 2012)

Además de esta victimización a manos de particulares, persiste la violencia institucional en cabeza del Estado, la cual se materializa tanto en las sistemáticas e impunes violaciones a los DDHH de las mujeres de Medellín, a partir de flagrantes omisiones en su deber de promover y garantizar derechos, así como, en las acciones en contra de las y los defensores de estos derechos.

Muestra de ello lo es la dilación en la construcción del Proyecto Clínica de las Mujeres, hoy denominado “Centro Integral de Atención Ambulatoria para el Servicio de la Mujer y la Familia”. Esta iniciativa pensada para atender de forma diferencial la salud de las mujeres y muy especialmente las de aquellas víctimas de violencias, sigue sin materializarse casi cinco años después de haberse aprobado en el plan de desarrollo de la pasada administración. Por ello, hoy denunciamos que la actual administración municipal ha eliminado el enfoque de derechos y de género del Proyecto y no ha permitido la participación de los colectivos de mujeres pioneros de la iniciativa.

En este contexto, las organizaciones de mujeres no cedemos en nuestra labor y activismo, e informamos a la opinión pública que:
1. El pasado 2 de noviembre esta situación fue dada a conocer internacionalmente en Washington ante la Comisión Interamericana de DDHH, desde donde se hará un seguimiento especial a la ejecución del Proyecto, así como a las acciones que el Estado emprenda para resolver el hostigamiento en contra de las-los defensores de Derechos Sexuales y Reproductivos en el país, cuya persecución ha sido promovida por la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del Señor Alejandro Ordoñez Maldonado.
2. El jueves 15 de noviembre, tras haber denunciado internacionalmente a Colombia ante la OEA hace más de 12 años, logramos que el gobierno nacional reconociera en un acto público su responsabilidad en la violación de los DDHH de Alba Lucia Rodríguez Cardona. El caso de Alba Lucía es un ejemplo emblemático de la urgencia de un proyecto como el de la Clínica de las Mujeres.
3. El día 22 de noviembre, ante la amenaza que para nuestros DDHH implica la posible reelección de Alejandro Ordoñez M., interpusimos una Acción Popular buscando que se suspenda el proceso de elección del Procurador, por no existir garantías en el mismo.

El trabajo continúa y por ello instamos a las autoridades responsables de asegurar el goce efectivo de DDHH de las mujeres, a eliminar las barreras de acceso de estos y a asumir el rol de garantía que le corresponde en lo relativo al derecho de una vida libre de violencias y discriminaciones.


Medellín, viernes 23 de noviembre de 2012



La Mesa de Seguimiento a la Clínica de las Mujeres, es una expresión del movimiento social de Mujeres, que surgió en Medellín en el 2009. Está integrada por personas independientes y organizaciones como la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, La Red Nacional de Mujeres, La Mesa Mujer de Medellín, La Corporación Mujeres Que Crean, Corporación Educativa Combos, entre otras. Cuenta con el respaldo de más de 71 organizaciones de diversos lugares del país y aproximadamente diez de carácter internacional como la Red de Género y Salud de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES

lunes, noviembre 05, 2012

La paz con rostro de mujer

"Miles de mujeres han sido objeto de abusos y torturadas sexualmente como arma de guerra".
 
En Colombia, la violencia contra las mujeres se ha salido de toda consideración y está teniendo efectos catastróficos en las familias, y está produciendo miles de embarazos no deseados, pero, sobre todo, asegurando la continuación de los ciclos de pobreza, miseria y violencia. Todo lo que el Gobierno está haciendo en materia social no tiene ninguna sostenibilidad mientras no se erradiquen las amenazas estructurales que afectan directamente a las mujeres.
Una fracción de esa violencia tiene origen en el conflicto armado. Miles de mujeres han sido objeto de abusos y torturadas sexualmente como arma de guerra. El fin es humillarlas, obligarlas a abandonar su tierra, destrozar sus comunidades, desintegrar su identidad y su estima.
Citando directamente el informe 'El Estado y la violencia sexual contra las mujeres en el marco de la violencia sociopolítica en Colombia', presentado por organizaciones de mujeres y de derechos humanos a la representante especial del Secretario General para Violencia Sexual en Contextos de Conflictos Armados, señora Margot Wallström, "[P]ara el período 2001-2009, con base en 407 municipios con presencia de Fuerza Pública, insurgencia, paramilitares u otros actores armados en Colombia, se estimó en 17,58 por ciento, lo cual significa que durante estos nueve años 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual. En promedio, 54.410 mujeres fueron víctimas directas anualmente, 149 diariamente y 6 mujeres cada hora".
Pero también está la violencia en el hogar y en las comunidades, con un registro de cifras alarmantes, que se han duplicado en tan solo una década. El año pasado, solamente en Medellín, 119 mujeres fueron asesinadas por sus parejas (270, en Antioquia). Pero la impunidad es total, no hay asistencia ni refugios para las víctimas, ni una política pública que, con sentido de urgencia, aborde este problema. Las pocas que denuncian tienen disponible un defensor de oficio, que tendrá a su cargo otros 400 casos. Mientras tanto, se ven obligadas a sobrevivir sin dinero y en el temor, con el atacante libre y al acecho.
No. No hay resultados. La Fiscalía aún está estudiando cómo proceder en el caso de la violencia sexual en el marco del conflicto, pero, con la negociación, terminaremos en el absurdo de dejar todo esto en la impunidad "por el bien de la paz", y obligando a las mujeres a renunciar a su derecho a la justicia, viendo cómo sus atacantes reciben casa y subsidio.
Nuestro pacto social, nuestra Constitución, entiende que la ley nos ampara y nos protege a todos, sin distinciones, pero tampoco es neutral: está del lado de los que sufren y obliga a proceder solidariamente. Lo contrario sería ir en contra del núcleo del interés público, especialmente cuando la obligación es doble en casos en que el Estado ha fallado en proveer circunstancias dignas o seguras de vida.
Sabotear esa protección o, incluso, como pareciera ser el caso, restringir y ponerle talanqueras a la urgente política pública de salud sexual y reproductiva que proporcione atención oportuna y que prevenga embarazos no deseados pone en riesgo la vida de las mujeres.
Pero lo que uno ve es que este gobierno, de talante liberal, y el Congreso, todos con una agenda electoral en la cabeza, parecen bloqueados por un debate moralista sobre las mujeres, el sexo y el pecado, que pareciera impedir toda voluntad política para poner en marcha una estrategia masiva y, sobre todo, efectiva de atención, que acabe con esta tragedia silenciosa.
Se ha demonizado a las mujeres y a los defensores de derechos sexuales y reproductivos haciendo creer que buscan convertir el "libertinaje sexual" en derecho, cuando lo que hay en el fondo es una cuestión más fundamental: no se acabará la pobreza, ni se superará la violencia sin el concurso de las mujeres, sin garantizar su protección, sin vincularlas primero.

Natalia Springer
@nataliaspringer
 

viernes, noviembre 02, 2012

Cuentos de brujas. Por: Catalina Ruiz-Navarro

Tomado de: http://www.elespectador.com/opinion/columna-384514-cuentos-de-brujas

“¿Cuántos miembros de la comunidad LGBTI hacen parte de la nómina de Canal Capital actualmente? Anexe las hojas de vidas”.

Esto pregunta el concejal homofóbico Marco Fidel Ramírez alegando que está ejerciendo control político sobre el canal, pues da espacio a la comunidad LGBTI en su prime time y supuestamente no hace lo mismo con otras minorías no especificadas. Ramírez dice que él “ama” a la comunidad LGBTI, solo que no le gusta que tengan un espacio en la televisión pública pues no quiere que se exponga “a los jóvenes a una variedad sexual que finalmente termina extraviándolos”. Ante las críticas a su evidente violación del derecho a la intimidad de los trabajadores con fines discriminatorios, el concejal ha dicho que es objeto de una persecución político religiosa, un argumento que le copia a Alejandro Ordóñez, que ya se ha quejado públicamente de que no le permitan dar rienda suelta a su cruzada antiderechos.

Esta semana el Consejo Superior de la Judicatura le reiteró al procurador que no puede pedir los nombres de las mujeres que han exigido su derecho a un aborto por medio del mecanismo de tutela, pues viola los derechos a la intimidad y a la dignidad. La persecución del procurador parece estar dirigida solo a las mujeres que hacen uso de su derecho a la tutela, pues no parece molestarle que una de sus funcionarias, Amada Rosa Pérez, haya admitido públicamente un aborto ilegal. Este es otro intento de intimidación por parte de la Procuraduría a ciudadanos que reclaman los derechos que esa institución debería defender, una estrategia que ya utilizó Ilva Myriam Hoyos este año para atacar a Mónica Roa y que criminaliza el uso de la acción de tutela.

Ordóñez y Ramírez son de la misma corriente fundamentalista, en las marchas de los defensores de Ordóñez se suelen ver falaces pancartas de “el concejal de la familia”. Ambos abiertamente intentan usar el poder público para hacer “listas de pecadores” al mejor estilo de la inquisición. El matoneo fundamentalista es también para todos los funcionarios públicos que deben garantizar el servicio de la IVE; viven amedrentados al punto que no pueden hacer su trabajo, pues quienes cumplen se enfrentan a querellas intimidantes y hasta a investigaciones disciplinarias injustificadas. El hostigamiento también es extensivo a los defensores de derechos: por ejemplo, Daniel Sastoque, exfuncionario de la Procuraduría cuyo trabajo era garantizar los derechos de la comunidad LGBTI, sufrió repetidas agresiones a su integridad basadas en su orientación sexual y fue llevado a renunciar después de que acabaran su cargo y arrumaran su escritorio en un rincón como para literalmente devolverlo al clóset.

El matoneo por parte de estos funcionarios es tan insolente que ni con una orden directa de la Corte Constitucional la Procuraduría deja de mentir en sus comunicados oficiales que, por ejemplo, aún afirman que el misoprostol es peligroso. Tanto descaro ha envalentonado a vándalos extremistas que han grafiteado las paredes de algunas IPS que prestan el servicio legal y seguro de la IVE con mensajes ofensivos y vestidos con capuchas y velas al estilo del Ku Klux Klan.

La persecución sistemática por parte de funcionarios públicos a ciudadanos es una historia de terror que deja lívido a cualquiera y usar las palabras “vida” y “familia” para vulnerar los derechos de las personas es, en este día de brujas, el más abominable disfraz.

Aplazada Audiencia al Procurador

Hoy en horas de la tarde se realizaría en Washington una Audiencia al Procurador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su persecución y hostigamiento a defensoras de derechos sexuales y reproductivos, entre ellas Mónica Roa entutelada por la Procuradora delegada Ilva Miriam Hoyos y Julieth Gómez quien expondría el caso de la Clínica de las Mujeres de Medellín.
La audiencia ha sido aplazada porque el Estado colombiano no ha nombrado representante aún cuando a lo largo de toda la semana ha estado en audiencias y cuenta con representantes en esa ciudad. Esto demuestra lo mucho que le importa al Estado los derechos de las mujeres, particularmente los derechos sexuales y reproductivos de todos los colombianos, y el espaldarazo del Presidente a la reelección de Alejandro Ordóñez, buscando frenar el impacto de ser acusado en un foro internacional de obrar en contravia de sus funciones constitucionales.
Parece cada vez mas cierto eso de que Ordóñez no tiene quien lo controle y aunque esta iniciativa de veeduría ciudadana encontró otro traspié, la movilización social y las resistencias creativas contra el fundamentalismo de Ordóñez y su cruzada antiderechos es una vía que no debe ser abandonada.
Participe en Twitter pidiéndole al Presidente @JuanManSantos nombrar antes de las 3:00 p.m. un representante para la #AudienciaAlProcurador
Aunque el Estado Colombiano no nombre representante se realizará una reunión privada sin presencia del Estado.
Más información: Por ausencia del Estado Colombiano, aplazada audiencia en CIDH via