Comunicado a la opinión publica - día de acción por la salud de las mujeres

28 DE MAYO DÍA DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS MUJERES COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

 A cuatro años del gran lanzamiento del proyecto clínica de las mujeres por parte de la secretaría de salud del municipio de Medellín, este aún no se ha concretado. El retraso parece obedecer al caso omiso del gobierno de turno, a la voz de las mayorías que eligieron y votaron al gobernante que se comprometió públicamente a construirla y al interés sumiso de la administración por obedecer a un sector de la sociedad que niega los derechos plenos de las mujeres sobre su cuerpo, su salud y su vida. Invertir en la atención integral, humanizada y oportuna en materia de salud de las mujeres es un compromiso con sus derechos y garantías constitucionales penosamente postergados, es cumplir con la agenda pendiente en salud pública y con el mandato de la Ley materializada en la Sentencia T/760 que recomienda una atención con enfoque diferencial y género-sensible a sus necesidades y particularidades. 

Las muertes de las mujeres son en su mayor parte evitables y prevenibles, reducirlas son parte de los Objetivos del Milenio, hay que tener en cuenta que las mujeres enfermamos y morimos por causas muy diferentes que los hombres, vivimos más pero en peores condiciones: La tasa de embarazo adolescente si bien bajó entre 2007 y 2009 en 8,4%, continúa en niveles no deseables, afectando el desarrollo de las jóvenes en los ámbitos personal, académico, laboral, familiar, económico, con fuerte impacto en su entorno inmediato. El cierre de servicios de Neonatología y de Ginecobstetricia por razones financieras de costo-beneficio que seguramente impactarán en la mortalidad materna e infantil Pasamos de 8,2 muertes x 100.000 en 1999 por Cáncer de Cérvix a 5,6 x 100.000 en 2009. La citología es un método diagnóstico que alerta cambios iniciales o detecta un cáncer en desarrollo, pero es una enfermedad de transmisión sexual que requiere de otras intervenciones más amplias que incluyan a los varones quienes son transmisores asintomáticos de esta enfermedad. El Cáncer de Mama ha aumentado especialmente en las mujeres de 40 a 50 años de edad y ya se reportan casos en mujeres desde los 18 años; si bien es un problema nacional y mundial, la mortalidad en Medellín por esta causa es casi 3 veces más alta que las muertes por cáncer de cérvix. La violencia sexual muestra un aumento de 3,9% entre 2010 y 2011, reportando 1.217 casos en mujeres (88,6% del total de casos), mientras que en hombres se reportaron 153 casos (11,2%) para Medellín. Contar con la Clínica de la Mujer, permitiría abordar de manera integral todas las violencias, sexual, intrafamiliar, de pareja, de género; garantizando el derecho a la salud de las víctimas, a la restitución de sus derechos, la reparación y No revictimización como lo ordena la ley y los protocolos de atención establecidos para estos casos. 

En el contexto de conflicto armado estas cifras aumentan si se tiene en cuenta que la violencia sexual es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible así como lo son la explotación y el abuso sexual cuyo impacto diferencial, deja a grupos importantes de mujeres de todas las edades sin protección y sin respuesta estatal. La propuesta del proyecto clínica de las mujeres sintetiza los esfuerzos de mujeres de diferentes ramas del saber, preocupadas por la carencia en la ciudad de iniciativas que atiendan su problemática en todos los niveles. La mayoría de personas que asistimos a las instituciones de salud somos mujeres, pero para atender la salud de otros, postergamos nuestro propio cuidado por el de los demás.

Por eso, la atención en materia de salud mental, sexual, reproductiva y en la prevención y atención efectiva de todo tipo de violencias, responsables de las más altas tasas de morbilidad y mortalidad se justifica plenamente. Materializar el proyecto inicialmente concebido como la clínica de la Mujer, representa el pago de la deuda social que la administración local tiene con la ciudad y con las mujeres. Hasta ahora, las mujeres de Medellín seguimos siendo consideradas, valoradas y atendidas esencialmente como madres y cuidadoras, se olvidan de nuestra integralidad como humanas que somos. Las posibilidades de atención para las mujeres con características diversas de raza, clase social, orientación sexual, etnia, etcétera, no están siendo asumidas por la oferta de servicios de salud actualmente, ni están contempladas en el proyecto que la administración municipal eufemísticamente denomina “CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO A LA MUJER Y LA FAMILIA”, desconociendo con ello el derecho pleno a la salud, a la atención humanizada y género-sensible que requerimos por parte del Estado. Hacemos un llamado al gobierno local, para que cumpla los acuerdos que el mandatario anterior firmó públicamente frente a cientos de mujeres y a un concejo municipal que aprobó el Proyecto Clínica de la Mujer unánimemente, asignó recursos y recibió los informes de gastos inicialmente generados por el mismo. Las mujeres estamos atentas al cumplimiento del mandato ciudadano y al cumplimiento de la política pública que impulsaron nuestros gobernantes elegidos. Persistiremos en nuestro propósito porque nos asiste la Constitución, el derecho, la obligación y el compromiso del Estado. 

SÍ A LA CLÍNICA DE LAS MUJERES DE MEDELLÍN: SIGLO XXI 

NO AL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIO A LA MUJER Y LA FAMILIA: SIGLO XIX 

ALIANZA RUTA POR LA SALUD DE LAS MUJERES: Mesa de Seguimiento Clínica de las mujeres Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos Mesa de Trabajo Mujer de Medellín Ruta Pacífica de las Mujeres Corporación CON-VIVAMOS Corporación Primavera Corporación Penca de Sábila Corporación para la Vida Mujeres que Crean Corporación Vamos Mujer Red de Mujeres Populares Corporación Amiga Joven Coordinación de Mujeres de la Zona Nororiental Corporación Talentos Grupo Conciencia Viva Comuna 4 Corporación COMBOS Asociación de Madres y Padres Abriendo Puertas.

Fotógrafa desafía el tabú de la menstruación con polémica colección de imágenes

Tomado de: http://www.biobiochile.cl/ 
Por: Denisse Charpentier
Por décadas la menstruación ha sido asociada a “momentos vergonzosos” y el mancharse la ropa mientras se está en el periodo constituye toda una humillación pública. 

Así lo plantea la editora de Huffington Post Mujer, Emma Gray, quien expresa que en la sociedad actual desde muy temprana edad se nos enseña que debemos mantener nuestros días de sangrado en la más completa reserva.

Para romper con esta especie de tabú, la fotógrafa Emma Arvida Bystrom publicó una colección de imágenes llamada “There Will Be Blood” (Habrá sangre) en la que muestra a mujeres en diversas actividades cotidianas como correr, leer, enviar mensajes de texto o esperando el autobús, pero con un detalle controversial: aparecen sangrando a través de su ropa.

Y es que aunque todas las mujeres han pasado por este tipo de situaciones más de alguna vez, para la mayoría es un poco chocante verlo en forma tan explícita.

Gray confiesa que al ver las imágenes las encontró muy fuertes, pero luego -según indicó- se dio cuenta que “no hay nada malo o grave con cualquiera de esas fotos”, agregando que es extraño que sean menos impactantes para nosotros ver fotografías de violencia o guerra, que tienen mucha más sangre.

Foro de inclusión: género y diversidad sexual.

Los días 31 de mayo y 1ero de junio tendrá lugar en el Campus Fraternidad del Instituto Tecnológico Metropolitano (antes colegio de La Salle) el Foro de inclusión: género y diversidad sexual.

Consulte aquí la programación y diligencie el formato de inscripción

El concepto de inclusión se encuentra hoy en día presente en todas las formulaciones de políticas públicas y en los procesos de desarrollo social, como elemento transversalizador en la búsqueda de la equidad y la igualdad de oportunidades. Igualmente al hablar de inclusión social se está reconociendo que hay excluidos en la sociedad.

Desde esta dupla de exclusión – inclusión se observan grupos sociales en situación o proceso de vulnerabilidad o exclusión social. Esta exclusión se vive en los espacios de participación en la vida social y relacional, en la esfera económica y política que se concretan en la falta de oportunidades para muchos colectivos.

Dos colectivos que se ven profundamente afectados por el proceso de la exclusión son las mujeres y los grupos que presentan una expresión de su orientación sexual diferente a la establecida social y culturalmente, generando procesos de inequidad y desigualdad en las estructuras políticas, económicas, laborales, educativas, de participación y ocio en su entorno, generando problemas de deprivación, polarización y segregación, que afectan el desarrollo integral de los sujetos.

Lo anterior lleva a reflexionar sobre los procesos de inclusión de la perspectiva de género, que pretende una transformación en las relaciones de hombres y mujeres en la sociedad que elimine la opresión y la subordinación de las mujeres.

Lo mismo sucede con los grupos LGTBI, en donde se debe trabajar por la igualdad de oportunidades y la eliminación de las distancias en la participación social, económica y política.

El objetivo del foro es generar un escenario de sensibilización y reflexión en torno a problemáticas de género y diversidad sexual, con el fin de proponer alternativas de inclusión.

"Estamos sufriendo un clima de agresión"

Por: Elespectador.com

Mónica Roa, la abogada que lidera la defensa del derecho al aborto terapéutico, denuncia ataques verbales y físicos en su contra y de su ONG.

La sede de la organización Women's Link, dirigida por Mónica Roa, fue atacada esta semana. / Daniel Gómez - El Espectador

Revela que el alto grado de confrontación al que ha llegado la Procuraduría en este tema ha hecho grave mella. Y advierte que funcionarios de Bienestar Familiar retienen en sus centros a jóvenes que solicitan la interrupción del embarazo.

Cecilia Orozco Tascón.- Usted denunció que la sede de su organización Women’s Link fue atacada hace unos días. ¿Qué sucedió exactamente?

Mónica Roa.- Hubo un corte de energía a las 5 de la tarde, pero pensamos que había sido en toda la zona y seguimos trabajando. Estaba en una reunión en mi oficina, que tiene ventanas hacia la calle. Cerca de las 6 y media, cuando ya casi no teníamos luz, sentimos un ruido primero y después la caída de pedacitos de vidrio sobre mi cabeza. En principio creímos que la ventana estaba intacta porque la oscuridad no nos permitía ver, pero después encontramos un agujero de forma cónica, hecho por el impacto con algún objeto.

C.O.T.- ¿Qué le hizo pensar que se trataba de una agresión y no de un incidente casual?

M.R.- Que todo fue muy extraño. Cuando fui a avisarle a mi escolta, que se encontraba en el vehículo en frente de la casa, escuché un golpe, esta vez contra el piso. Él ya había oído otros impactos “extraños”. Dice que fueron seis y que creyó que estaban atacando el vehículo. Luego nos dimos cuenta de que éramos los únicos de la cuadra que estábamos sin luz. Mi escolta fue al CAI más cercano y trajo a unos agentes. Según ellos, el impacto contra el vidrio roto fue causado por una pistola neumática de balines.

C.O.T.- ¿Es cierto que ha sufrido otros ataques?

M.R.- Desde cuando empezamos a trabajar en defensa del derecho al aborto, incluso cuando sólo dos personas nos dedicábamos al proyecto, recibimos amenazas y hostigamientos. Nos llamaban personas sin identificar. Nos decían que había temas “sagrados” que no podíamos tocar, o insistían, de manera violenta, en que la Virgen me mandaba un mensaje a una dirección específica donde debía ir a recibirlo. Otras veces nos han enviado correos o mensajes al fax con citas bíblicas, según las cuales “quien derrama sangre de inocentes verá derramada su sangre”. U otras, con fotos de bebés entre nubes y la frase “nos encargaremos de mandarla al cielo”.

C.O.T.- Usted también ha dicho que asaltantes han entrado a su sede.

M.R.- Sí. Pocos meses después de presentar la demanda ante la Corte Constitucional, hace siete años, entraron una noche al apartamento donde vivía y trabajaba. Revolcaron todo y, a pesar de que había dinero en efectivo, sólo se llevaron dos computadores. El año pasado nos robaron otro y el 25 de abril, que acaba de pasar, sacaron un nuevo computador. Qué raro que nunca se hayan interesado en nada más. El año pasado también nos arrojaron excrementos humanos varias veces a la puerta de la oficina. Sin embargo, hechos como los de la semana pasada llevan la agresión a otro nivel.

C.O.T.- Uno pensaría que aunque es un tema difícil, el objetivo al que ustedes se dedican no provoca ataques físicos o atentados. ¿Por qué cree que está sucediendo?

M.R.- El tema es polémico y genera reacciones viscerales, pues cuestiona el rol que la sexualidad y la reproducción han tenido como justificación de las estructuras de poder en la sociedad. En otros países son comunes los ataques fanáticos a proveedores de servicios, activistas y políticos que trabajan por el aborto digno y seguro. En Colombia algunos proveedores (médicos, clínicas, etc.) han empezado a experimentar acoso directo y las mujeres que solicitan sus servicios, también.

C.O.T.- Deme un ejemplo.

M.R.- Frente a las clínicas que ofrecen servicios de IVE (interrupción voluntaria del embarazo) se reúnen grupos a rezar rosario y les dan panfletos con fotos de fetos destrozados a las mujeres solicitantes. Sin embargo, no nos hemos podido explicar por qué se recurre a acciones tan violentas, puesto que no estamos obligando a nadie a creer o a hacer lo que no quiera.

C.O.T.- Un grupo de activistas, contrarios al derecho al aborto, se inventaron un premio Herodes (el rey de Judea que habría ordenado una matanza de niños) y se lo “otorgaron” a usted. ¿Cómo interpreta ese gesto y quiénes son?

M.R.- Me contaron por Facebook que el 10 de mayo, en la Plaza de Bolívar, la Plataforma Unidos por la Vida, encabezada por el señor Jesús Magaña a quien no conozco, me “otorgó” el premio Herodes. Los integrantes de ese grupo no han entendido que quienes defendemos el derecho al aborto, defendemos con igual vehemencia los derechos de los niños y niñas ya nacidos. De hecho, la mayor causa de mortalidad de niñas que apenas empiezan la pubertad es el embarazo temprano. El acto de la Plaza de Bolívar, que parece anecdótico, pasa a ser provocador e incendiario cuando se enmarca en el clima de agresión y hostigamiento que estamos sufriendo.

C.O.T.- Precisamente la Procuraduría y el titular de esa entidad han tenido un papel muy activo en contra de la aplicación de la sentencia de la Corte. ¿Qué opina al respecto?

M.R.- La Procuraduría tiene las funciones de asegurar el cumplimiento de la Constitución y de las decisiones judiciales, de garantizar los derechos humanos y de ejercer el control disciplinario de los funcionarios. El procurador no ha cumplido ninguna de tales funciones con relación a esta sentencia. Por eso presentamos una queja disciplinaria en su contra. Además, hemos documentado una serie de actuaciones en las que él y dos de sus delegadas (Hoyos y Carreño) han dado información falsa, tergiversada o incompleta sobre los derechos sexuales y reproductivos. Este fue el motivo para que 1.200 mujeres y yo interpusiéramos una tutela en su contra por violación del derecho a la información.

C.O.T.- ¿Es verdad que usted fue denunciada penalmente por la procuradora delegada Ilva Miriam Hoyos, quien sigue estrictamente la línea religiosa de su jefe Alejandro Ordóñez?

M.R.- Sí. El 1° de marzo pasado me enteré a través de los medios que la procuradora delegada Hoyos me había denunciado por injuria y calumnia, y que había contratado al abogado Jaime Lombana para llevar el caso. Confirmamos que la denuncia existe y que está en una fiscalía local, pero no hemos podido conseguir que nos permitan conocer la denuncia.

C.O.T.- En la lista de candidatos a reemplazar al exmagistrado Juan Carlos Henao de la Corte Constitucional se encuentra precisamente su denunciante, Ilva Miriam Hoyos. ¿Sabía que ella puede formar parte de la Corte?

M.R.- Sí. La lista de quienes se inscribieron como aspirantes a reemplazar al magistrado Henao fue publicada y su nombre aparece allí.

C.O.T.- He oído que la doctora Hoyos está visitando a magistrados del Consejo de Estado para rogar que la postulen a la Corte Constitucional. ¿Usted también?

M.R.- Efectivamente me han contado que eso ha ocurrido, pero, por supuesto, no me consta.

C.O.T.- Suponga que la doctora Hoyos llega a la Corte, ¿cree que ella podría impulsar la sustitución de la sentencia sobre aborto terapéutico por otra en que se prohíba?

M.R.- Si la procuradora Hoyos llegara a la Corte tendría que declararse impedida de participar en cualquier asunto relacionado con este tema por conflicto de intereses: cuando era decana de la Universidad de la Sabana y presidenta de la Red Futuro Colombia se opuso insistentemente a la sentencia en una multiplicidad de escritos que luego publicó. También dio declaraciones según las cuales se comprometía a trabajar para revertir la sentencia.

C.O.T.- Y, ¿si no lo hiciera?

M.R.- La recusaremos.

C.O.T.- El propio Instituto de Bienestar Familiar parece estar confundido con la correcta aplicación de la sentencia. ¿Cómo es el comportamiento de los funcionarios del Instituto en estos casos?

M.R.- El Instituto de Bienestar Familiar no aplica de manera uniforme las directrices para garantizar la IVE de las niñas y adolescentes. Nos preocupa más que se han identificado casos de obstrucción de acceso a la IVE mediante la retención de las niñas y adolescentes en sus centros de protección.

C.O.T.- ¿Retención ilegal de la solicitante en centros de Bienestar Familiar?

M.R.- El Instituto tiene la facultad legal de tomar medidas de protección a favor de niñas que considere que están en riesgo. Pero cuando algunos funcionarios no están de acuerdo con el aborto, utilizan esa medida como una forma de impedir el acceso a la IVE de las solicitantes.

C.O.T.- Aun cuando el Instituto tenga esa facultad, la retención podría llegar a ser ilegal si se detiene contra su voluntad a una adolescente, sin mediar un hecho objetivo para hacerlo.

M.R.- El ICBF tiene unos lineamientos muy claros sobre cómo acompañar y facilitar el acceso a la IVE de niñas y adolescentes. Desafortunadamente, cuando un funcionario incumple sus obligaciones de garantizar la IVE, no tiene quién lo vigile ni sancione porque la Procuraduría, es decir, la entidad que tiene el control disciplinario de los empleados públicos, no inicia ninguna investigación.

C.O.T.- A seis años de expedición de la sentencia que garantizó el aborto terapéutico no parece haberse avanzado mucho. ¿Cuáles son los aspectos positivos que usted le ve a este período?

M.R.- Hay que destacar que la sentencia (C-355 de 2006) que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, continúa vigente y que es de obligatorio cumplimiento a pesar de los ataques en su contra; que la Corte Constitucional ha sido clave en la defensa de este derecho; que ha habido un cambio cultural que ha posicionado el tema como un asunto de discusión pública, y que estos cambios han permitido que la atención en la IVE vaya aumentando.

C.O.T.- Sin embargo, los ataques a la sentencia han hecho mucho daño a su aplicación. ¿Cuál es el lado más negativo de esta situación?

M.R.- A pesar del trabajo de sensibilización sobre el tema, la estigmatización continúa siendo muy fuerte. En particular, la Procuraduría y los grupos antiderecho a la IVE han logrado amedrentar a funcionarios y prestadores del servicio. Y la falta de liderazgo del Estado ha impedido la coordinación interinstitucional de los sectores de salud, justicia y educación para garantizar los derechos reproductivos y el acceso oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo.

C.O.T.- Hay muchos casos de médicos y hospitales que se oponen a realizar un aborto con la tesis de la objeción de conciencia. Este argumento, ¿cuánto afecta el cumplimiento de la sentencia?

M.R.- La objeción de conciencia institucional es usada para entorpecer el acceso de las mujeres a la IVE, especialmente en entidades que pertenecen a alguna confesión o religión. A pesar de que en la sentencia se reconoce el derecho a la objeción de conciencia individual de profesionales de la salud, la mayoría no sabe cómo ejercerlo, no lo ejerce debidamente o no cumple con la obligación de referir la mujer solicitante a otro profesional que no tenga ese impedimento.

Resistencia al cambio

La aplicación de la Sentencia de la Corte Constitucional C-355 de 2006, en la que el máximo tribunal reconoció el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo cuando la salud física o psicológica de ellas corre peligro o la vida del feto es inviable, ha encontrado muchos obstáculos en estos seis años.

La oposición de grupos religiosos radicales y la intimidación que la actitud de rechazo del procurador Alejandro Ordóñez genera en clínicas, médicos e incluso jueces, ha impedido su pleno desarrollo. En contraste, los castigos por su incumplimiento son pocos: un médico que adujo objeción de conciencia, pero no remitió la mujer a otro profesional, fue sancionado por el Tribunal de Ética Médica de Caldas. El hospital San Ignacio de Bogotá tuvo que pagar 25 salarios mínimos y la EPS Coomeva fue multada con 750 salarios por no haberle prestado el servicio a una menor violada.

Adicionalmente, la mentalidad tradicional en esta materia ha primado tanto que los médicos siguen usando el procedimiento del legrado (eliminación mediante raspado de tejido del útero) —declarado como obsoleto por la OMS—, en vez del moderno y menos invasivo de aspiración manual endouterina (AMEU): varias secretarías de Salud del país le devolvieron al Ministerio del ramo los equipos de AMEU que les habían enviado porque “no los necesitaban”.

Democratizando el debate

Cecilia Orozco.- Women’s Link es pionera en Colombia en activismo de los derechos reproductivos de la mujer. ¿Cómo nació esta ONG?

Mónica Roa.- En el mundo, muchos grupos de mujeres se especializan en trabajar con quienes hacen política pública y con legisladores, o trabajan con las comunidades. Muy pocas veces estos grupos piensan en las cortes como un foro en donde se pueden conseguir avances en la protección de los derechos. Women’s Link nació con la intención de llenar ese vacío y de llevar la lucha por la equidad de género a la justicia.

C.O.- ¿Cómo llegó Mónica Roa a desempeñar este papel?

M.R.- Mi interés original empezó con la pregunta por el rol de los jueces en la promoción de los derechos de las mujeres. Después de mi maestría viajé por diferentes países entrevistando a jueces, activistas y académicos. La conclusión era que las cortes ofrecían un gran potencial para avanzar si se trabajaba de manera rigurosa. En el caso del aborto, incluir los argumentos de derecho internacional, salud pública y justicia social en un contexto de Estado laico permitió que la Corte tomara una decisión a nuestro favor. El proceso sirvió también para cambiar el debate público, democratizando los argumentos y actores que intervenían.

Tomado de El Espectador el 13 de mayo de 2012. 

• 
  

Teníamos 20 años cuando llegó...

Por: FLORENCE THOMAS | 8:56 p.m. | 08 de Mayo del 2012

"Mi cuerpo para mí, mi cuerpo gozoso para mí. La maternidad, solo si la deseo y cuando la deseo." 

Ver columna completa aquí

Las Prisiones al Desnudo

Por: Daniela Sánchez Russo

Más de diez mujeres, acompañadas de sus familiares, marcharon desnudas desde la Torre Colpatria al Palacio de Justicia. Entre gritos, reclamaron los derechos de sus seres queridos.

Ver Artículo Completo aquí.

Sexto aniversario de la despenalización del aborto reúne a organizaciones de Derecho Reproductivos de todo el país.

 Avances y obstáculos de la implementación de la sentencia C-355/06

Bogotá, 10 de mayo de 2012. En el marco del sexto aniversario de la Sentencia C-355/06 que reconoce el derecho una interrupción voluntaria del embarazo en ciertas circunstancias, la ONG Women’s Link Worldwide invitó a un encuentro con organizaciones aliadas en el trabajo por los derechos de las mujeres en Colombia y que han trabajado específicamente en la implementación de la Sentencia: Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Fundación Mujer y Futuro, Red Nacional de Mujeres, Red de Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Corporación Contigo Mujer, Centro de Derechos Reproductivos.

Durante las jornadas se hizo una evaluación de los avances y obstáculos para la implementación de la sentencia, cuyas conclusiones se presentan adjuntas a este comunicado. La constante son dramáticas historias de mujeres y niñas colombianas que, a pesar del reconocimiento constitucional no vieron garantizado su derecho y siguen luchando contra un sistema de salud que no les presta los servicios requeridos y un sistema judicial que no les reconoce sus derechos.

Los casos, que aparecen relacionados más adelante, ilustran los principales obstáculos de la implementación de la sentencia. Algunos han originado nuevas sentencias de la Corte Constitucional, otros se suman a las historias que enfrentan cada día mujeres y niñas colombianas cuando intentan ejercer el derecho fundamental a la IVE.

Las organizaciones aquí firmantes celebramos el sexto aniversario del reconocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la sentencia C-355 de 2006, y en el contexto del Estado Laico exigimos su cabal cumplimiento, generando los mecanismos para superar los obstáculos que hasta ahora lo han impedido. Continuaremos trabajando en procura del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

Para ver videos de los testimonios de las participantes de las jornadas de evaluación de la implementación de la sentencia C-355/06 visite http://genderjusticejournal.wordpress.com/2012/05/09/testimonios-de-la-jornada-de-evaluacion-de-la-implementacion-de-la-sentencia-c-35506/

Contacto:

Juliet Gómez. Red Nacional de Mujeres, Medellín. 3006590264

Paola Salgado. Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, Bogotá. 3202733179.

María Cecilia Paz. Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Cali. 3146027586.

Isabel Ortiz. Fundación Mujer y Futuro, Bucaramanga. 3105765165

Monica Roa.Women’s Link Worldwide, Bogotá. 3108508752.

Dossier de casos

Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las mujeres implicadas.

Malformación del feto incompatible con la vida:

Yolanda quedó embarazada por cuarta vez y en la ecografía notaron que el feto tenía una malformación llamada anencefalia que impide que se desarrolle el cerebro. En una nueva ecografía, se descubrieron otras malformaciones: cardiomegalia con cardiopatía congénita y dextrocardia, así como defecto de la pared anterior del abdomen. Yolanda solicitó la interrupción de su embarazo a su EPS, SaludVida, pues en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta le dijeron que solo podían practicarle una IVE si existía una orden judicial. El juez en primera instancia alegó objeción de conciencia. Para cuando el caso llegó a la Corte Constitucional su embarazo ya tenía 32 semanas. A Yolanda le realizaron una cesárea de urgencia y el bebé falleció a los 5 minutos del nacimiento.

Violencia sexual:

A Mariana la violaron en la buseta que se trasladaba de Buenaventura a Cali. Se acercó a un hospital a practicarse una IVE que entre otras cosas le realizaron en la misma habitación donde otra mujer estaba teniendo un parto. Al terminar el aborto, la enfermera le dejó el producto del embarazo en la mesita de noche del hospital y le dijo “Ahí verá qué hace con eso.”

Riesgo para la salud de la mujer:

Catalina, ya había tenido tres embarazos de alto riesgo todos diagnosticados con preclampsia, en uno el bebé nació muerto, en el segundo hubo que inducirle un parto prematuro a los 5 meses y en el tercero tuvo un aborto espontáneo. Con su cuarto embarazo Catalina fue remitida a la unidad de Ginecología del Hospital Departamental de Villavicencio con indicación de que la atención debía ser prioritaria debido a que el embarazo era de alto riesgo. En el centro de salud había expresado su miedo a morir por el embarazo y su intención de acogerse a la sentencia C-355/06. Catalina sufría nauseas y vómitos constantes, dolores intensos de cabeza, deshidratación y pérdida de peso permanente. Cuando solicita la cita con especialista, le indican que tiene que esperar porque para lo que quedaba del año (era noviembre) no había citas y tampoco existía la agenda del siguiente año. Acudió a la Defensoría del Pueblo de Villavicencio, para pedir ayuda, pero no recibió respuesta. El Juez la remitió a valoración al Hospital Departamental del Meta para valoración con médico ginecoobstetra, que dictaminó que existía un alto riesgo de preclampsia. Así mismo, indicó que Catalina debería ser valorada por sicología, dada la carga emocional detectada. Finalmente el juez decidió negar la protección de los derechos de Catalina, porque en su concepto no había grave peligro para su vida.

Salud mental de niña:

Fernanda, niña de 12 años quedó en embarazo tras relaciones sexuales con su novio de 16 años de edad. Cuando contaba con 14 semanas de gestación, Fernanda confirmó su embarazo. Tras una valoración, el médico D. expidió un certificado de riesgo para la salud emocional como consecuencia de la continuación del embarazo por la frustración y depresión que producía sobre Fernanda. Después de esa valoración, Fernanda intentó suicidarse. Cuando contaba con 15 semanas de gestación, Fernanda fue valorada por un médico psiquiatra que diagnosticó una “reacción depresivo-ansiosa” y determinó que la continuidad del embarazo afectaba su salud mental”.  La madre de Fernanda se comunicó con la E.P.S. para solicitar información acerca de la petición de IVE de su hija. La E.P.S. informó que la petición de IVE había sido negada pues los certificados no eran válidos por ser de médicos que estaban fuera de su red. Fernanda fue remitida nuevamente el 2 de junio a un médico ginecólogo por requerimiento de la E.PS., quien solicitó la realización de una junta médica materno fetal. Dos semanas después la E.P.S. informó a la madre de Fernanda que se había negado la IVE pues se consideró que la vida de Fernanda no se encontraba en grave peligro y que le edad gestacional estaba demasiado avanzado. El 20 de septiembre del 2011 Fernanda tuvo un parto indeseado.   

ICBF retiene a niña afrodescendiente violada en el marco del conflicto armado:

Isabel, es una niña 12 años, afrocolombiana y victima de desplazamiento forzado. Su madre es habitante de calle y sufre de enfermedad mental, vive con su tía y su familia quien legalmente es su representante legal. La niña desapareció de su vivienda durante casi una semana, la encontró un campesino que la conocía y la acercó a su casa. La niña narró a su familia que había sido raptada por hombres armados, y que fue abusada sexualmente en diversas ocasiones y por diferentes sujetos durante varios días. Isabel quedó embarazada. Comunicaron la noticia a su hermana mayor que reside en la ciudad de Bogotá que durante tres meses reunió dinero para traer a la niña a la capital. Al llegar fue conducida inmediatamente a un hospital publico, en esa Institución el caso fue reportado al SIVIN (Sistema de Vigilancia de Violencia de la secretaria de salud). Funcionarios de esta dependencia se acercaron al hospital y antes de que la niña recibiera alguna atención medica de cualquier tipo, fue conducida a un centro zonal del ICBF. La niña fue cobijada por medida de protección y encerrada en un centro de emergencia para menores. Después de una semana de estar allí, y habiendo puesto en conocimiento el caso ante la Defensoría del pueblo, en una visita de verificación de derechos se constató que la niña no había recibido ningún tipo de atención médica. Al poner en conocimiento el caso ante la dirección de protección del ICBF se constató que la defensora de familia del caso ni siquiera había remitido la denuncia del abuso sexual a la Fiscalía para que se iniciara la respectiva investigación. En dicha gestión se entró en contacto con la Secretaria de Salud, que dispuso que la niña fuera atendida y le fue practicado el aborto legal.

Avances y obstáculos en la implementación de la sentencia C-355/06

Conclusiones de la jornada

Vigencia de la Sentencia C-355

La sentencia C-355 del 2006 que reconoce el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo continúa vigente y es de obligatorio cumplimiento, a pesar de los ataques en su contra, entre los que se destacan la suspensión del Decreto 4444 de 2006 por el Consejo de Estado, y el fallido intento de reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción. La Corte Constitucional ha sido clave en la defensa del derecho a la IVE, mediante el establecimiento de reglas claras que buscan su garantía.

Ausencia de liderazgo nacional

La falta de liderazgo a nivel nacional estatal,  impide la coordinación interinstitucional entre los sectores de salud, justicia y educación, para garantizar los derechos reproductivos, incluidos la educación sexual, el acceso a anticonceptivos, los servicios de salud integral para las sobrevivientes de violencia sexual y el acceso oportuno a la IVE.

Fortalecimiento institucional

Algunas instituciones públicas han fortalecido su trabajo para la implementación de la sentencia. Se debe destacar el trabajo realizado por la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, la Delegada para la Atención en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud, algunas Personerías Locales y Secretarias de Salud Territoriales, la Defensoría Delegada para los derechos de la Niñez, la Juventud y las Mujeres de la Defensoría del Pueblo, y los Centros de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS).

Debilidades de operadores de justicia

Persisten los problemas con los jueces de tutela, que no conocen el marco constitucional de la IVE, y/o fallan desconociendo los derechos fundamentales de las mujeres. Así mismo, continúan los obstáculos que los funcionarios del sistema penal establecen para la presentación de denuncias por violencia sexual.

Capacitación y sensibilización

Desde el Ministerio de la Protección Social y la sociedad civil se han realizado jornadas de sensibilización y capacitación a funcionarios públicos y prestadores de salud sobre el marco constitucional de la IVE.

Estigmatización y acoso

A pesar del trabajo de sensibilización, la estigmatización continua siendo fuerte. Las posiciones de la Procuraduría General de la Nación y el acoso y persecución de los grupos anti-derechos, han logrado amedrentar a funcionarios públicos y prestadores del servicio dispuestos a cumplir con el mandato constitucional.

Cambio cultural

Ha habido un cambio cultural que ha posicionado el tema de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la agenda pública y ha permitido que generadores de opinión apoyen estos derechos.  Este cambio ha permitido que la atención en IVE vaya aumentando de manera progresiva. Por ejemplo, Oriéntame atendió en 2011, 4000 IVE en Bogotá.

Indebido uso de la Objeción de Conciencia

La objeción de conciencia institucional continua siendo usada para entorpecer el acceso de las mujeres a una IVE, especialmente por parte de entidades confesionales.

A pesar de que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia individual de profesionales de la salud, la mayoría no sabe cómo ejercerlo, no lo ejerce debidamente o no cumple la obligación de referir la mujer a otro profesional no objetor.

Adicionalmente, preocupa que los intentos por parte del Congreso para regular este derecho se conviertan en un obstáculo más para el acceso a la IVE.

Acceso a la IVE para niñas y adolescentes

Las niñas y adolescentes siguen sufriendo el desconocimiento de su capacidad de decidir si interrumpen o no su embarazo cuando se encuentra en las circunstancias establecidas por la sentencia C – 355 de 2006. 

El ICBF no aplica de manera uniforme las directrices para garantizar el derecho a la IVE de las niñas y adolescentes. Se han identificado casos de obstrucción de acceso a la IVE mediante la retención de las niñas y adolescentes en centros de protección.

Derecho a la información

Las mujeres no reciben información clara, completa, oportuna y veraz, por parte de funcionarios y prestadores del servicio de salud, sobre el derecho a la IVE.

Esta situación se agrava por la información tergiversada e incompleta emitida desde la Procuraduría General de la Nación sobre el derecho a la IVE.

Ausencia de redes de prestadores de servicios

La falta de proveedores del servicio persiste, especialmente para mujeres del sector rural.

Ante la negativa del servicio por parte de los prestadores privados, la gran mayoría de mujeres son remitidas a los hospitales públicos, lo que genera un desgaste de las pocas instituciones que garantizan efectivamente el derecho.

Es especialmente preocupante la situación que enfrentan las mujeres en zonas de conflicto armado, las afrodescendientes e indígenas y las mujeres con algún tipo de discapacidad.

Restricciones de acceso

Es recurrente que se remitan los casos de IVE a hospitales de tercer y cuarto nivel de complejidad cuando pueden ser atendidos en el primer nivel de atención. 

Acceso a medicamentos y procedimientos

Se ha detectado un problema en la disponibilidad y la libertad de elección de los distintos  procedimientos para realizar la IVE. Es particularmente preocupante la ausencia del medicamento Misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud – POS, y que se sigan practicando legrados, cuando existen procedimientos menos invasivos y más seguros como la Aspiración Manual Entra-Uterina (AMEU).

Es necesario fortalecer la educación sexual y la información sobre los demás derechos sexuales y reproductivos. Es indispensable hacer uso de las herramientas legales y de política pública existentes, entre ellas cumplir con la orden de la Corte Constitucional referente a implementar campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

Hostigamiento a Defensores de Derechos Humanos

Con frecuencia quienes trabajan en defensa de los Derechos Humanos, y en específico los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres, son víctimas de amenazas y atentados que buscan amedrentarlos para evitar que puedan continuar con su trabajo y de esta manera desestimular el trabajo de otros defensores.

Cine - foro: Las normas de la casa de la sidra

 

Este miércoles 9 de mayo el Cine - Foro sobre Aborto y diversidades sexuales y de género continúa con la película Las normas de la casa de la sidra.
Nos vemos a las 4:00 p.m. en el Bloque 43, aula 308 de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.